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A un año justo de las elecciones generales del 2016, que apuntan complejas en muchos sentidos, la Junta Central Electoral sigue privada de los recursos que por ley le corresponden para el montaje de esos comicios.
Algo insólito, preocupante e inexplicable, que puede implicar serios riesgos a ese proceso.
La tardanza del Gobierno de entregar esos fondos ha colocado a la JCE en la disyuntiva de tener que retrasar el cumplimiento de algunas tareas conexas al proceso, y suspender, en otros casos, los pagos de otras obligaciones y hasta proceder a la cancelación masiva de empleados.
Esta apretura financiera pone virtualmente en peligro las elecciones generales, cuyo montaje no se realiza de un día para otro, pero lo más grave es que los fondos finalmente aprobados representan la mitad del presupuesto que presentó la JCE para este año pre-electoral.
La solicitud original era de 8,700 millones de pesos y el Poder Ejecutivo solo le aprobó 3,150 millones, que era el monto que le asignó en el 2013.
En vista de estos recortes, la JCE se ha visto precisada, violando las normas, a utilizar 200 millones del plan de pensiones de sus trabajadores y los recursos que recibe de las Oficialías del Estado Civil, para solventar algunas necesidades.
Para la JCE el problema es recibir los recursos a tiempo, no cedaceados ni retrasados, porque el cronograma electoral exige que se cumplan ciertas tareas dentro de unos plazos fatales que no se pueden ignorar o incumplir.
Es imperativo que se le ponga fin a esta crisis, por los enormes daños que puede causar a la democracia misma y a la institucionalidad del país.
fuente: listindiario.com
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